La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en el ámbito público mexicano ha aumentado considerablemente en tiempos recientes. No obstante, este progreso tecnológico ha sido acompañado por inquietudes acerca de la transparencia y la responsabilidad en su aplicación por las entidades gubernamentales.
La implementación de la inteligencia artificial (IA) en el sector público mexicano ha crecido significativamente en los últimos años. Sin embargo, este avance tecnológico ha estado acompañado de preocupaciones relacionadas con la transparencia y la rendición de cuentas en su uso por parte de las instituciones gubernamentales.
Panorama actual de la IA en el sector público mexicano
Retos en la transparencia y acceso a la información
Con el objetivo de promover la transparencia, académicos del CIDE elaboraron un registro de los algoritmos empleados por el sector público en México. Este proyecto tiene como finalidad documentar las aplicaciones de IA en distintas entidades y señalar los obstáculos para acceder a información crucial sobre su uso, regulación y objetivos. Durante la fase de recolección de datos, se enviaron alrededor de 2,200 solicitudes de transparencia a organismos públicos. No obstante, numerosas dependencias mostraron resistencia al proporcionar información o contestaron de manera vaga. En algunas situaciones, las instituciones solo admitieron el uso de IA tras la presentación de recursos de revisión frente a los órganos de transparencia. Estados como el Estado de México y Nayarit sobresalieron por su falta de respuesta general.
Para fomentar la transparencia, académicos del CIDE desarrollaron un registro de algoritmos utilizados por el sector público en México. Este proyecto busca documentar las aplicaciones de IA presentes en diversas dependencias y resaltar los desafíos para acceder a información clave sobre su uso, regulación y objetivos. Durante la recopilación de datos, se enviaron aproximadamente 2,200 solicitudes de transparencia a entidades públicas. Sin embargo, muchas dependencias fueron renuentes a proporcionar información o respondieron de manera imprecisa. En algunos casos, las instituciones solo reconocieron el uso de IA tras presentar recursos de revisión ante los organismos de transparencia. Estados como el Estado de México y Nayarit destacaron por su falta de respuesta generalizada.
Un problema adicional detectado es el desconocimiento dentro de las mismas instituciones acerca de qué se considera una aplicación de IA. En varias respuestas a las solicitudes de transparencia, las entidades mencionaron herramientas de software convencional, como paquetes de oficina o programas de ciberseguridad, como si fueran inteligencia artificial. En conjunto, 223 aplicaciones reportadas no cumplían con los requisitos fundamentales para ser clasificadas como IA, lo que evidencia un problema de desinformación incluso en departamentos de tecnología de la información en el gobierno.
Otro problema identificado es la falta de conocimiento dentro de las propias instituciones sobre qué constituye una aplicación de IA. En muchas respuestas a solicitudes de transparencia, las dependencias listaron herramientas de software tradicional, como suites de oficina o programas de ciberseguridad, como si se tratara de inteligencia artificial. En total, 223 aplicaciones reportadas no cumplían con los criterios básicos para ser consideradas IA, lo que refleja un problema de desinformación incluso en áreas de tecnología de la información dentro del gobierno.
El empleo de IA en el ámbito público ha dado pie a discusiones éticas relacionadas con la privacidad, la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho al acceso a la información. La falta de claridad en los algoritmos puede minar la confianza de los ciudadanos en estas herramientas, especialmente si no se conocen los criterios que guían su funcionamiento o si existen sesgos que podrían desembocar en decisiones discriminatorias. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, se adoptaron chatbots como «Susana Distancia» y «Dr. Armando Vaccuno» para proporcionar información a la población. No obstante, surgieron inquietudes éticas sobre la transparencia y privacidad en su implementación, lo que resultó en una baja confianza y menor uso por parte de la población.
Urgencia de un marco normativo apropiado
Necesidad de un marco regulatorio adecuado
La falta de transparencia en el uso de IA por parte de los gobiernos resalta la necesidad de establecer marcos regulatorios que garanticen la auditabilidad y responsabilidad en el uso de estas tecnologías. Es esencial analizar las legislaciones en diferentes ámbitos e identificar cómo podrían ser utilizadas adecuadamente para garantizar que la implementación de IA respete los derechos de la ciudadanía y opere de manera ética y transparente.
