El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros su plan para hacer frente a la desprotección de los menores en Internet y el acceso a contenidos pornográficos desde edades tempranas ―en el 20% de los casos, se produce cuando los niños solo tienen ocho años―. Se trata del Informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en internet, un documento que fija tres nuevas líneas de actuación: la elaboración de un proyecto de ley para la protección integral de los menores en internet, el diseño de una estrategia integral e interministerial, y el impulso de un pacto de Estado en esta materia, como adelantó EL PAÍS en una entrevista con el presidente Pedro Sánchez este domingo. “Como Gobierno, no podemos permanecer impasibles ante esta realidad que preocupa tanto a la sociedad española, y especialmente a las familias”, ha dicho la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en rueda de prensa.
Alegría ha mencionado algunos de los datos que recoge el informe, como que la mitad de los jóvenes españoles entre 12 y 15 años han consumido en alguna ocasión pornografía, y el 25% de ellos reconoce haberlo hecho antes de los 12 años. Siete de cada 10 adolescentes entre 13 y 17 años, consumen porno de forma regular, y un 30% afirma que el porno es su única fuente de información afectivo-sexual. Entre las consecuencias de este visionado, la ministra ha destacado la “distorsión de su percepción de la sexualidad”, “problemas psicológicos y emocionales”, “desarrollo de comportamientos inapropiados o la normalización de la violencia contra las mujeres”, así como la “existencia de un grave riesgo de adicción a la pornografía”.
La también ministra de Educación ha recordado que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ―en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes― está trabajando en el desarrollo de una nueva herramienta “efectiva” de verificación de edad para hacer frente al impacto que ciertos contenidos violentos están causando en los menores. “Es un proyecto piloto que esperamos pueda presentarse en el verano de 2024″, ha dicho, después de recalcar que al Gobierno le “gustaría contar con la implicación de las principales empresas tecnológicas”. “Estoy convencida de que ellas también son conscientes de esta preocupación”.
En un intento de España por liderar la incipiente batalla que se está librando en otros países europeos y desde la propia Unión Europea para obligar a las plataformas online a que tomen partido y se impliquen en el bloqueo del acceso a contenidos inapropiados por parte de menores, la AEPD presentó el pasado diciembre el primer piloto de la herramienta, que pretende obligar a los proveedores de contenido en internet —que eluden su responsabilidad con el pretexto de que técnicamente no es viable sin incurrir en procesos intrusivos que acumulen datos excesivos de los usuarios— a cumplir con su obligación de proteger a los menores.
Preguntada por el funcionamiento específico de esa herramienta, Alegría ha señalado que todavía es pronto para ofrecer detalles porque está en fase de desarrollo. La herramienta se está desarrollando junto a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ―entidad que expide, por ejemplo, la certificación de firma electrónica― y su formato está todavía por definir (no está claro si se materializará como una app, como un código QR o como un certificado digital).
La ministra se ha puesto como ejemplo para explicar el objetivo de la herramienta. “Yo soy una persona adulta, madre de un menor, tengo un teléfono móvil, si en algún momento yo quisiera acceder a algún contenido de una página para adultos, esta aplicación me reconocería y, por tanto, tendría la posibilidad de navegar en las distintas páginas. Sin embargo, si de ese mismo móvil hiciera uso mi hijo menor de edad con 10 años, la aplicación le reconocería y le imposibilitaría que accediese”.
Sobre la futura ley para la protección integral de los menores en internet, Alegría ha explicado que recogerá una “estrategia multidisciplinar” que abarcará diferentes ámbitos como el educativo, el de la igualdad, la digitalización o la puesta en marcha de este sistema de verificación, por lo que ha confirmado que, en principio, se liderará y coordinará desde el Ministerio de Presidencia y Justicia, a cargo de Félix Bolaños. “Eso no impide que cada departamento (en referencia a los diferentes ministerios) dentro de sus competencias, seguirá trabajando en esta línea”, ha aclarado. La ministra ha puesto como ejemplo su propia cartera, y ha recordado que el Ministerio de Educación está trabajando para regular el uso del móvil en horario lectivo, un asunto para el que se emplazará a las comunidades autónomas a final del mes de enero.