Jue. Abr 18th, 2024

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, al que la Iglesia española encargó en febrero de 2022 una auditoría sobre la pederastia en el clero, ha comunicado a la Conferencia Episcopal (CEE) que no cumplirá el ultimátum de 10 días que le dio la semana pasada para entregar su trabajo y lo hará “antes de fin de año”. Fuentes del bufete indican que en estos días han explicado su postura a la CEE y han subrayado la importancia de “mantener la independencia con que la comisión ha trabajado hasta ahora”, sin tener tampoco presiones en los tiempos de entrega del documento. El despacho afirma que se han comprendido sus razonamientos y avanza que únicamente presentará un resumen ejecutivo en la próxima asamblea plenaria de los obispos, que se celebra a partir del próximo 20 de noviembre.

La CEE, consultada por este diario, no aclara si el ultimátum se considera vigente o se ha dado más tiempo al bufete madrileño, y responde que esperará a este viernes, día 20, cuando termina el plazo de 10 días, para evaluar la situación y manifestarse. En su ultimátum había advertido que, de no respetar el plazo de entrega, entendería que no se cumplían los términos del contrato.

El plazo de cierre del estudio se fijó en un año, pero desde la primera rueda de prensa, el responsable del bufete, Javier Cremades, precisó que no sabía lo que se iban a encontrar y el trabajo podría alargarse si la situación lo requería. Lo alargó al menos a 18 meses, hasta el pasado mes de agosto. El año de plazo se cumplió el pasado mes de febrero y entonces se habló de principios de verano, para después dejarse para octubre. Si finalmente el dosier se entrega a final de año, la auditoría habrá requerido casi dos años.

En todo caso, fuentes de la comisión de trabajo, integrada por 31 abogados y expertos ajenos al bufete, confirman que el dosier está muy avanzado y ya es claro en sus conclusiones y recomendaciones. Y como ya avanzó en marzo este diario, van en contra de todo lo mantenido hasta ahora por la Iglesia española: el informe admite “miles de acusados y miles de víctimas”, y propondrá que se compense a los afectados con el pago de indemnizaciones. Este es un punto que órdenes y diócesis aplican con cuentagotas, y la propia guía de la CEE presentada el pasado mes de mayo ni menciona las indemnizaciones. Es más, cuando el acusado ha fallecido, lo que ocurre en la mayoría de los casos, no se investiga y se cierra la posibilidad de una compensación. En cambio, ahora el consenso de la comisión sobre esta cuestión “es claro y la CEE ya lo sabe”.

El estudio, según miembros de la comisión de trabajo, también contradice a la CEE al validar la investigación de EL PAÍS, que la Iglesia española ha criticado y desdeñado desde que se inició en 2018. El cómputo de casos de la auditoría del bufete tiene uno de sus pilares en los cuatro informes entregados por este diario a la Iglesia española —más de 700 testimonios en 1.300 páginas— y su base de datos pública, la única contabilidad de casos existente en España. La auditoría también se nutre de los casos conocidos por el propio despacho a través del correo electrónico que abrió el año pasado, de los datos judiciales, de los de la investigación paralela del Defensor del Pueblo, iniciada en julio de 2022, y de los facilitados por órdenes y diócesis. Todo ello se sumará en una estimación que aún se está cerrando, pero que ya supera los miles de acusados y un número aún mayor de víctimas. En este momento, la contabilidad de EL PAÍS recoge 1.026 acusados y 2.195 víctimas.

Tanto miembros de la comisión como del despacho señalan la sorpresa que les produjo el ultimátum que llegó desde la CEE la semana pasada, dado a conocer a través de la cadena Cope, propiedad de la Iglesia, en un momento en que el presidente de la CEE, Juan José Omella, no estaba en España, pues se halla en Roma en la celebración del sínodo. “Obedece a cuestiones externas a nuestro trabajo”, opina uno de los expertos del grupo, en alusión a diferencias internas de la propia CEE. Respecto a la existencia de dos bandos en la comisión que realiza la auditoría, asegura que más bien han sido “miradas diferentes” que se han ido unificando a medida que se iba verificando la dimensión del fenómeno.

Las partes del informe correspondientes a reparación y prevención están completadas, señalan fuentes del despacho. Incluye recomendaciones, protocolos de actuación, de no repetición y propuesta de indemnizaciones. La que aún queda por terminar es la más compleja y decisiva, la referente al número de acusados y de víctimas. La firma ha explicado que faltan los últimos datos, solicitados al Vaticano, sobre los casos de España que están registrados en la Congregación de Doctrina de la Fe, que ascenderían a cerca de 300. El objetivo es cruzarlos con los ya contabilizados para evitar duplicidades.

Desde 2001, todas las diócesis del mundo están obligadas a comunicar los casos que conocen al Dicasterio de Doctrina de la Fe, el organismo disciplinario de la Santa Sede, una medida tomada por Juan Pablo II cuando estalló el escándalo en Estados Unidos para evitar la ocultación de casos a nivel local por los obispos. Este fue, de hecho, el primer dato que admitió la CEE en abril de 2021, después de haber negado siempre la existencia de casos en España. La institución pidió información al Vaticano, que en aquel momento notificó que le constaban 220 desde 2001, correspondientes también a épocas anteriores. Con el tiempo, los obispos han ido reconociendo más casos, hasta llegar a los 721 acusados y 927 víctimas asumidos el pasado mes de junio, pero solo registran los recibidos por las oficinas de atención a víctimas abiertas desde 2020, no los que ya conocían con anterioridad.