El Caribe ha pasado a ser un destino deseado no solo por sus playas de ensueño y su vida tranquila, sino también por una tendencia en aumento: adquirir la ciudadanía mediante la compra de bienes raíces. Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, y Santa Lucía tienen programas de ciudadanía por inversión (CBI, por sus siglas en inglés), que permiten a los compradores adquirir un pasaporte caribeño al comprar una propiedad, que en algunos casos comienza en los 200,000 dólares.
La actividad, que ha aumentado notablemente en años recientes, atrae sobre todo a personas de naciones como Estados Unidos, Ucrania, Turquía, Nigeria y China, y se ha intensificado debido a la creciente inestabilidad política y social, especialmente en EE.UU. Estos programas no solo brindan el beneficio de obtener una nueva ciudadanía, sino que también permiten acceso sin necesidad de visa a más de 150 países, incluyendo el Reino Unido y la zona Schengen, lo que incrementa significativamente su atractivo para ciudadanos internacionales.
Un mercado de bienes raíces en expansión y la búsqueda de estabilidad
De acuerdo con reportes recientes, las agencias de bienes raíces en Antigua experimentan dificultades para cubrir la creciente demanda de propiedades de lujo, que generalmente se adquieren con el propósito de obtener la ciudadanía. Nadia Dyson, representante de Luxury Locations, una de las agencias líderes en bienes raíces en Antigua, afirma que hasta un 70% de sus clientes tienen como objetivo principal conseguir la ciudadanía mediante su inversión. La mayoría de estos compradores son de Estados Unidos, donde el interés en estos programas de inversión ha aumentado debido a las tensiones políticas internas y a las inquietudes relacionadas con la seguridad.
El cambio en las tendencias de compra se ha hecho evidente. En el pasado, muchos compradores optaban por adquirir propiedades en el Caribe por razones de estilo de vida, pero ahora la adquisición de una propiedad se ha convertido en una forma directa de obtener una segunda nacionalidad, lo que permite a los compradores la libertad de moverse por el mundo sin restricciones. Dyson observa que, aunque el programa de Antigua no exige residencia, muchos compradores prefieren mudarse a tiempo completo a la isla.
La popularidad de estos programas radica en la facilidad que tienen las personas adineradas para adquirir una segunda ciudadanía sin renunciar a su nacionalidad actual, lo cual también es muy apreciado por los empresarios. Además, la ausencia de impuestos sobre las ganancias de capital, herencias e incluso sobre los ingresos en muchos de estos países, ha captado la atención de inversores a nivel mundial.
El impacto de la inestabilidad política y los beneficios de la ciudadanía
La demanda de pasaportes caribeños ha aumentado aún más desde la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de viaje hicieron que los viajeros más acaudalados se dieran cuenta de la importancia de tener múltiples pasaportes para evitar restricciones internacionales. La política interna de EE.UU. ha sido otro factor clave. Tras las elecciones de 2020 y 2024, muchos estadounidenses vieron en los programas de CBI una forma de «respaldo» ante la creciente polarización política, como explicó Dominic Volek, de la consultora Henley & Partners, que ha documentado el auge de solicitudes de ciudadanía por inversión de ciudadanos estadounidenses.
Este fenómeno no es exclusivo de los ciudadanos estadounidenses; personas de otras partes del mundo también han recurrido a los programas de CBI del Caribe para tener acceso a una movilidad más fluida y, en algunos casos, para asegurar una «póliza de seguro» ante lo que consideran amenazas a sus libertades civiles y de viaje en sus países de origen.
Polémicas y preocupaciones internacionales
A pesar del auge de estos programas, no han estado exentos de controversia. En 2012, cuando Antigua comenzó a vender pasaportes para ayudar a mejorar su economía, el concepto fue criticado por muchos dentro de la isla. Manifestantes salieron a las calles en señal de protesta, argumentando que se estaba «vendiendo» la identidad nacional a cambio de dinero, lo que generó un debate ético sobre la venta de la ciudadanía.
Además, los gobiernos de otros países del Caribe que no ofrecen estos programas, como San Vicente y las Granadinas, han expresado su desaprobación, y la comunidad internacional ha mostrado preocupación por la posibilidad de que estos programas sean utilizados para la evasión fiscal o actividades delictivas. La Unión Europea y Estados Unidos han señalado que están monitoreando de cerca los programas, y han amenazado con retirar los beneficios de acceso sin visado para los ciudadanos de los países caribeños si no se toman medidas más estrictas para supervisar a los solicitantes.
Un modelo económico para algunos, un desafío para otros
A pesar de las críticas y preocupaciones internacionales, muchos de los países caribeños que han adoptado estos programas defienden su importancia económica. El Primer Ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, y su homólogo en Santa Lucía, Philip J Pierre, han asegurado que los programas de CBI son transparentes y que las inversiones han sido fundamentales para el desarrollo de infraestructuras y el crecimiento económico en sus países. En el caso de Antigua, los fondos generados por la venta de pasaportes han sido cruciales para evitar la quiebra del país y financiar proyectos clave, como hospitales y obras de infraestructura.
Aunque los ingresos obtenidos del programa CBI representan entre el 10% y el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de estas naciones, los gobiernos de la región se han visto obligados a equilibrar la necesidad de generar ingresos con la necesidad de garantizar que el proceso sea seguro y ético. En respuesta a las preocupaciones internacionales, las islas caribeñas han tomado medidas para reforzar la supervisión de los solicitantes de ciudadanía, incluyendo auditorías periódicas y entrevistas obligatorias.
Un equilibrio delicado entre crecimiento económico y ética
La obtención de ciudadanía a través de la inversión ha evolucionado de ser una medida económica disputada a convertirse en una fuente esencial de ingresos para ciertos países del Caribe. Aunque para algunos representa una oportunidad valiosa para lograr más libertad de tránsito y seguridad política, hay quienes plantean dudas sobre sus aspectos éticos y de seguridad. El porvenir de estas iniciativas de CBI estará determinado por la forma en que las naciones caribeñas logren balancear este aspecto, aplicando controles más rigurosos y manteniendo un enfoque que asegure la transparencia, al mismo tiempo que aprovechan las ventajas económicas de otorgar pasaportes.
