Jue. Abr 18th, 2024

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que la ley de Familias, que el Ejecutivo se comprometió a aprobar en junio de 2023, sin éxito por el adelanto electoral, verá la luz en 2024. El Gobierno ampliará la baja por nacimiento a 20 semanas —ahora son 16— y retribuirá al menos cuatro semanas de las ocho de permiso parental por cuidados que aprobó el Gobierno por real decreto en junio, y que en aquel texto no constaban como remuneradas. Esas ocho semanas podrán disfrutarse de manera ininterrumpida o discontinua hasta que los hijos cumplan ocho años. Así lo ha anunciado este miércoles en la toma de posesión de los altos cargos de su ministerio.

Un dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto criticaba que este permiso por cuidados no fuera retribuido, como exige la directiva europea en la que se basa. El Gobierno se abrió a modificarlo en esa línea, al menos en parte, durante la tramitación parlamentaria que finalmente no llegó debido a la convocatoria de elecciones.

En este contexto, el titular de Derechos Sociales ha insistido en que su prioridad en el nuevo año será aprobar “con celeridad” la ley de Familias para “saldar una deuda histórica”, en referencia a su infrafinanciación. “El cuidado de la vida es un bien público esencial”, ha recalcado Bustinduy, tras asegurar el reconocimiento de todas las unidades familiares en la legislación, incluidas las monoparentales y las Lgtbiq.

El anteproyecto de ley de Familias ampara jurídicamente la diversidad de modelos de convivencia, avanza en su protección social e incorpora mejoras en conciliación. Se consideran “familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza de categoría especial” las que tengan cuatro hijos en vez de cinco como hasta ahora, tres descendientes en caso de parto múltiple en lugar de cuatro como en la actualidad, y tres hijos y bajos ingresos. Y se extiende la ayuda de 100 euros al mes por hijo que cobran las mujeres trabajadoras a las desempleadas.

Otras medidas contempladas en el anteproyecto de ley también fueron aprobadas, igual que el permiso parental no remunerado, por real decreto en junio, entre ellas, un permiso retribuido de cinco días por “accidente o enfermedad grave” del cónyuge o pareja de hecho —además de parientes de hasta segundo grado y convivientes— y otro de cuatro días, también pagado, “por motivos familiares urgentes e imprevisibles”.

El propósito del ministerio, según fuentes de Derechos Sociales, es aprobar la ley de Familias en el plazo más corto posible y, para eso, baraja varias opciones. Entre ellas, enviar al Consejo de Ministros la normativa con la redacción inicial que se estableció antes de la convocatoria de elecciones, incorporando a posteriori algún cambio a través de enmiendas durante su tramitación, o impulsar la ley desde los grupos parlamentarios. Si la norma no está aprobada en julio, se contempla la posibilidad de tramitar por separado las medidas que amplían la baja por nacimiento y la remuneración de los permisos parentales a través de real decreto.

En materia de consumo, Bustinduy ha anunciado que en 2024 se aprobará la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una medida que, en sus palabras, “devolverá a los ciudadanos la capacidad del ejercicio pleno de sus derechos como clientes”. La norma incluye el establecimiento de plazos máximos de espera por parte de las empresas para responder reclamaciones, 15 días, y consultas telefónicas, tres minutos.

El ministro también ha reafirmado su compromiso con la Agenda 2030, una materia cuya Dirección General estará adscrita directamente a su gabinete. Y ha asegurado que España se presentará en julio de 2024 ante las Naciones Unidas para someterse al examen nacional voluntario en el que se rinden cuentas sobre los avances en esta materia, que evaluará los 17 objetivos de desarrollo sostenible adquiridos por nuestro país ante la comunidad internacional.

De este modo, ha dicho Bustinduy, despega la agenda para los próximos cuatro años con el foco en la protección de los derechos sociales de las familias, los padres, las personas con discapacidad y los consumidores, con la mirada también puesta fuera de España.

En el acto, han tomado posesión la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez; la secretaria General de Consumo y Juego, Bibiana Medialdea; el subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Rubén Baz; la directora general de Agenda 2030, Paula Fernández-Wulff; el director general de Consumo, Daniel Arribas; y el director de Gabinete del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Ricardo Molero.