El plan del Gobierno para proteger a los menores del porno: “Esos contenidos distorsionan la percepción de la sexualidad” | Sociedad

El Gobierno tiene claros los efectos que produce en los menores el acceso temprano al porno: “distorsión de su percepción de la sexualidad”, conlleva un “grave riesgo de adicción”, puede propiciar “comportamientos sexuales inapropiados” y “normaliza la violencia contra las mujeres” ―a las que “cosifica y deshumaniza”―, entre otros. Ese es el diagnóstico que aparece en el Informe sobre protección integral de menores frente al acceso a la pornografía en internet, un documento que se aprobará previsiblemente el próximo martes en el Consejo de Ministros y en el que, como anunció el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, este domingo en una entrevista con EL PAÍS, fija nuevas metas: la elaboración de un proyecto de ley para la protección integral de los menores en internet y el diseño de una estrategia integral e interministerial. Además, el informe contempla la intención de impulsar un pacto de Estado en esta materia, del que “formarían parte los grupos parlamentarios, comunidades autónomas, asociaciones especializadas y las plataformas digitales”.

En la entrevista con este diario, Sánchez alertó de una “auténtica epidemia de menores que tienen acceso a contenidos pornográficos”, y puso cifras al problema. “Los datos son demoledores. Uno de cada cuatro jóvenes de menos de 12 años ha tenido o tiene acceso y consume porno. Casi la mitad de los jóvenes de menos de 15 años lo consumen. Y esto no es puritanismo. Esto afecta a la formación de nuestros adolescentes y también a los comportamientos futuros que puedan tener en un tema tan trascendental como es la igualdad”, afirmó.

La preocupación social va en aumento y las administraciones han comenzado ya a dar pasos para abordar el problema. El pasado diciembre, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ―en colaboración con el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes― presentó una nueva herramienta “efectiva” de verificación de edad para hacer frente al impacto que ciertos contenidos violentos están causando en la salud mental de los adolescentes e incluso en la aparición de conductas sexuales distorsionadas. La AEPD, que presentará la herramienta en el verano de 2024, pretende así obligar a que los proveedores de contenido en internet —que eluden su responsabilidad con el pretexto de que técnicamente no es viable sin incurrir en procesos intrusivos que acumulen datos excesivos de los usuarios— a cumplir con su obligación de proteger a los menores. La cuestión no es sencilla, hay que combinar el respeto a la privacidad y la protección de los menores, y España quiere liderar esta incipiente batalla que también están librando otros países europeos y desde la propia UE para presionar a las plataformas online. El Ministerio de Juventud e Infancia ha anunciado que creará un grupo de 50 expertos para diseñar un plan que proteja a los menores de los riesgos de la tecnología.

Tal y como señala el informe del Gobierno, en España ya existe legislación al respecto, como la Ley General de Comunicación Audiovisual (aprobada en 2010 y cuya última actualización es de julio de 2022), que obliga a las plataformas de intercambio de vídeos a establecer sistemas de verificación de edad en aquellos contenidos nocivos que puedan perjudicar a los niños y adolescentes, como la violencia o la pornografía, y a “proporcionar mecanismos de control parental o sistemas de codificación digital”. Pero solo operan para televisiones o canales y plataformas a demanda que estén ubicadas en España o en otros países europeos, pero que operen en territorio español. En la ingente cantidad de webs porno que están registradas en otras partes del mundo, tan solo aparece una ventana con la advertencia de que se trata de un contenido para adultos. Basta con dar a “aceptar” para acceder a los vídeos.

En el plano europeo, el 25 de agosto entró en vigor la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE para las 19 grandes plataformas digitales operativas en territorio europeo, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok o X (antiguo Twitter) —aquellas con más de 45 millones de usuarios—, con el objetivo de proteger mejor a los consumidores y sus derechos fundamentales en internet, luchando contra contenidos ilícitos, y donde la protección de los menores es una prioridad, al igual que la lucha contra la desinformación. La normativa obliga a las plataformas a habilitar dispositivos que les permitan señalar y retirar contenidos ilegales de manera rápida, para lo que deben contar con un mecanismo por el que los usuarios alerten de contenidos ilícitos. En caso de incumplimiento, las plataformas se exponen a sanciones que pueden llegar a multas de hasta el 6% de su volumen de negocios mundial. El próximo 17 de febrero la medida se extenderá a tres grandes portales de contenidos pornográficos: Pornhub, Stripchat y XVideos.

Es decir, comienza a existir un armazón legislativo que tiene que terminar de desarrollarse para poner coto a estos contenidos perjudiciales para los menores. El Gobierno también menciona en su informe la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en 2021 y que, entre otras medidas, incluye campañas sobre el uso seguro de internet y previene el consumo de pornografía por parte de los menores. También contempla que se imparta educación afectivo sexual en todas las etapas educativas. “Nosotros hemos reclamado no tanto una [nueva] ley, que también puede ser positiva, sino otro tipo de medidas, como por ejemplo mejorar la educación que reciben los menores no centrada solo en conceptos tan biologicistas como la reproducción, sino que entiendan conceptos más complejos, como el consentimiento y el deseo”, ha explicado Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, que aglutina a las organizaciones en defensa de derechos de los menores. “Hay muchas cuestiones de la LOPIVI que aún no se han desplegado”, lamenta. El abogado especializado en derecho digital Borja Adsuara añade, además, que esta ley no lleva vinculado un régimen sancionador para las plataformas, lo que supone un problema a la hora de proteger a los menores en la red.

Imponer multas

Algunos expertos consultados valoran de forma positiva la nueva hoja de ruta del Gobierno, pero no consideran que lo más urgente sea la aprobación de una nueva ley y creen que es prioritario hacer que se cumplan las ya existentes. “No está claro que vaya a funcionar una ley solo para España, ya que tanto los fabricantes de dispositivos electrónicos como las plataformas quieren leyes europeas, no les compensa adaptarse a diferentes legislaciones nacionales… Lo que tendría que priorizar el Gobierno es el nombramiento de la agencia que coordinará los servicios digitales, que será la entidad encargada de aplicar en España la DSA, tal y como ha urgido la UE a los Estados miembros”, señala Adsuara. Esa agencia nacional tendrá la competencia para multar a las plataformas en caso de incumplimiento.

Adsuara considera además que otra de las acciones inmediatas debería ser la creación por parte del Gobierno de estándares para etiquetar los contenidos en internet por edades (como ya sucede con los contenidos televisivos). “Si no se crea este etiquetado, las herramientas de verificación de edad no van a poder funcionar correctamente, porque no sabrán qué tipo de contenidos tienen que bloquear”, añade.

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, ponente del nuevo proyecto de reglamento de lucha contra el abuso sexual infantil en la red (pendiente del acuerdo del Consejo para negociar el texto definitivo), señala que la DSA prevé de forma específica que se tendrán que adoptar procedimientos eficaces de verificación de edad para impedir el acceso de menores a plataformas cuyo objetivo fundamental sea la distribución de pornografía. “Lo ideal es una regulación a nivel europeo, que, de hecho, ya está en marcha. La clave para frenar ese consumo de vídeos es que funcione el control parental y la verificación de la edad… valorar la pertinencia de una ley nacional sin conocer el proyecto no es posible”, añade.

El diagnóstico es alarmante. La iniciación al sexo empieza en el 20% de los casos con el porno cuando los niños solo tienen ocho años, según el mayor estudio publicado en España, en 2018, por investigadores de la Universidad de las Islas Baleares. Ese visionado prematuro impacta después en sus relaciones personales y una de las consecuencias es la disminución de la empatía. Hay distintos factores que explican esta desconexión: la habituación, que quiere decir que cada vez necesitan imágenes más fuertes para provocar la misma excitación, y la identificación con quien domina la relación, que en el porno mainstream siempre es uno o varios hombres, señalan los expertos.

Gran parte del contenido de los vídeos porno muestra un sexo violento, la mayoría de las veces, hacia las mujeres. Los especialistas apuntan precisamente a este tipo de porno como uno de los factores que están detrás del aumento de la violencia sexual entre menores. La memoria anual de la Fiscalía señalaba un crecimiento del 45% de los delitos de agresión sexual en niños y adolescentes en el último año, y un 116% desde 2017.

Pacto de Estado

El pasado 23 de junio, la Asociación Europea para la Transición Digital presentó su propuesta de pacto de Estado para proteger a los menores de edad en internet y las redes sociales, suscrito por 150 entidades españolas, entre ellas la Fiscalía General de Estado y ONG como la Plataforma de Infancia y Save the Children, y que se presentará en el Congreso de los Diputados el próximo 13 de febrero. “Celebramos la iniciativa del presidente, de hecho, esta idea del pacto ya se ha materializado en un documento elaborado por una gran parte de la sociedad civil y es uno de los puntos más importantes, tiene que haber consenso político de todo el arco parlamentario para que las medidas perduren en el tiempo”, señala Ana Caballero, presidenta de la organización.

Para Caballero, la estrategia interministerial que quiere aprobar el Ejecutivo debería contemplar una de las cuestiones más complejas: formar a las familias para que tomen conciencia de la dimensión del problema y dispongan de herramientas. “Se podrían fomentar escuelas de padres a través de los colegios, y para eso hace falta presupuesto”, recalca. La llegada del primer móvil de uso personal en España está en torno a los 10 años, el 90,8% de los adolescentes se conecta casi todos los días a internet y el 98% está registrado en alguna red social, recogen como argumentos de peso en su documento de pacto de Estado en referencia a los datos del informe Digital Report España 2023.

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